Honduras

Estoy convencido que hay cosas que se me escapan pero con la cuestión de Honduras me llama la atención el doble rasero de la comunidad internacional. Considero que deben ser los propios hondureños, al amparo de las instituciones, y no los organismos internacionales quienes deben encontrar la mejor solución para salvaguardar su democracia. Hace unos meses el Banco Interamericano para el Desarrollo y el Banco Mundial amenazaron con restricciones económicas y financieras a Honduras con la intención de hacer inviable la continuidad del Gobierno provisional aún a costa de acrecentar la situación de pobreza de la sociedad hondureña, llama la atención que estos mismos Organismos condenen el bloqueo de los EEUU a Cuba; o también me sorprende que se abra las puertas de la OEA a la dictadura de Cuba y se pretenda sacar de la esa misma institución a Honduras por hacer cumplir su Constitución.

En el 2005 Manuel Zelaya ganó las elecciones con casi un 51% frente al 45% de Porfirio Lobo Sosa, candidato del Partido Nacional y que partía como favorito según las encuestas. Zelaya había centrado su discurso político como candidato en tres temas principalmente: la pobreza; la delincuencia y la corrupción.

Una vez llegado al poder sorprendería a los miembros de su partido, Partido Liberal, anunciando que su mandato sería de tendencia izquierdista, lo que se oponía a la línea ideológica de su Partido. Poco a poco fue dando pasos hacia el chavismo. Uno de estos pasos fue la adhesión al acuerdo Petrocaribe promovido por Chávez. Con este acuerdo Honduras accedía a la compra de petróleo venezolano con una financiación muy ventajosa. Este acuerdo beneficiaba a Zelaya porque le otorgaba una mayor margen de gasto público y de liquidez; y para Chávez suponía ir ganando influencia en un país con tendencia a apoyar a EEUU. Este acercamiento a su vecino venezolano se puso también de manifiesto con la adhesión de Honduras al ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas), bloque promovido por Chávez para hacer frente a EEUU y formado por Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Dominica.

Zelaya parece que se acomodó en su sillón presidencial y viendo el fin de su mandato en el 2010 y la imposibilidad de ser reelegido por estar así establecido en la Constitución empezó a promover una consulta para promover su propia reelección. Puede que me equivoque en mi juicio pero viendo las simpatías por su amigo venezolano Hugo no me parece descabellada la idea de que Zelaya pretendiera dinamitar la democracia dejándola sin contenido como hizo Chávez. Esta estrategia, que ya nos debe sonar por haber visto que se llevaba a cabo en otros países latinoamericanos, tiene varios elementos comunes: convocatoria de una Asamblea Constituyente; reforma constitucional; reelección presidencial; control político de todas las instituciones democráticas y por último, el desmantelamiento del Estado de derecho

Antes de continuar creo que es interesante transcribir algunos artículos de la Constitución Hondureña (http://www.honduras.net/honduras_constitution2.html )

Art. 42. La calidad de ciudadano se pierde:
5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República;

Art. 239. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

Art. 272. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Art. 373. La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia.

Art. 374. No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el período subsiguiente.


Ante esto el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República consideraron la consulta de Zelaya como una violación de la Constitución hondureña y la declararon ilegal. Zelaya hace oídos sordos y fija fecha para la consulta y da órdenes al ejército para que distribuya las urnas y las papeletas. El 24 de junio Manuel Zelaya destituye al jefe de las Fuerzas Armadas general Romeo Vásquez Velásquez y al ministro de Defensa Edmundo Orellana, por negarse a aceptar la orden para que las Fuerzas Armadas participaran en dicho referéndum convocado para el domingo siguiente. Como reacción, dimiten los comandantes de las ramas Aérea, Naval y el Ejército. Por su parte la Corte Suprema votó en contra de esta medida y ordenó que el general permaneciese en su cargo.

El 27 de junio el gobierno de Zelaya empieza a distribuir las urnas para la encuesta de opinión a pesar de la orden judicial en contra. Al día siguiente Manuel Zelaya es expulsado por militares del país y el Congreso Nacional designa a Roberto Micheletti.

La comunidad internacional: Estados Unidos, la Unión Europea, el Sistema de Integración Centroamericana; la Asamblea General de la ONU, la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General Iberoamericana han condenado este movimiento calificándolo de golpe de Estado, solicitando por su parte la restitución de Zelaya, el cual era consciente de a lo que se atenía promoviendo esa consulta a la luz de los artículos de la Constitución. Me sorprende esta postura internacional, a la que se ha unido el Gobierno español, cuando los otros dos Poderes del Estado hondureño (el Congreso y la Corte Suprema de Justicia) junto con las Fuerzas Armadas tienen el mismo criterio respecto a Zelaya.

Por mi parte me tranquiliza saber que los tres poderes del Estado se mantienen en aparente funcionamiento y en manos de civiles y que el Gobierno provisional ha convocado elecciones presidenciales urgentes. Solo queda que estas elecciones se lleven a cabo con absoluto respeto a las reglas del juego democrático y que la comunidad internacional, por su parte, intervenga dando fe de la legalidad del proceso.