Por un nuevo Pacto de Toledo

Ayer oímos al Gobernador del Banco de España alertando sobre el déficit futuro de las pensiones. Para Ordoñez el margen para aumentar el gasto público se ha acabado y aboga por alargar la edad de jubilación y exigir más tiempo de cotización. Pero el Gobierno de Zapatero va camino en esta legislatura de hacer lo mismo que en la precedente en lo que a sanear el sistema de Seguridad Social se refiere.

El Gobierno comenzó aparentemente bien convocando el diálogo social con patronal y sindicatos, e intentó avanzar en el Pacto de Toledo. Sin embargo, la voluntad real de tomar medidas sigue brillando por su ausencia. Según la responsable del PSOE en la comisión del Pacto de Toledo, no se tomará una sola medida que no sea aceptada por los sindicatos, y como estos no admitirán ningún cambio que suponga recortes no es difícil colegir que el saneamiento del sistema de protección volverá a quedar igual.

Parece que el Gobierno quiera utilizar la negativa sindical como justificación para eludir las reformas, obviando que si bien es mejor que estas sean fruto del consenso, cuando este no es posible el Gobierno debe asumir la responsabilidad de afrontar las medidas necesarias para evitar que las futuras generaciones sufran las consecuencias de este problema. Además, cuanto más se tarde en tomar decisiones, mayores serán las dificultades del sistema de protección, en el que el ritmo de crecimiento de los gastos ha rebasado el de los ingresos.

Zapatero sigue echando balones fuera, ya lo hizo en la cumbre hispanolusa en la que afirmó que la causa de los problemas que aquejan la economía residen en la mala regulación y en el deficiente funcionamiento del sistema financiero internacional, especialmente el de Estados Unidos, y que por tanto los problemas de la crisis no las deben pagar ni el mercado laboral ni el Estado de Bienestar.

Es cierto que las turbulencias financieras han asestado un duro golpe a la economía mundial, pero el presidente se empecina en ignorar la crisis paralela que sufre España como se evidencia en el agudo deterioro económico y laboral en comparación con el resto de Europa. La apoplejía reformista del Gobierno, en su resignada táctica de apaciguar, esperar y ver contrasta con las decisiones de fondo tomadas por otros países de la Unión Europea.

El nuevo Pacto sobre pensiones debe nacer de toda la sociedad, de los grupos políticos, los sindicatos, el Gobierno, la Administración Tributaria y también del sector asegurador y gestor de fondos. En 1993 cuando el superavit del sistema de pensiones se venía abajo hubo que plantear reformas que desembocaron en el Pacto de Toledo (1995), ahora la crisis económica y financiera mundial muestran alertas que obligan a adoptar con urgencia un nuevo acuerdo más amplio y adaptado a las nuevas circunstancias para preservar el sistema de pensiones.

En este nuevo sistema público de previsión social deberían tener cabida también las pensiones privadas lo cual supondría poder compatibilizar los deseos de los pensionistas con las posibilidades reales de la economía española. Este nuevo sistema debería ser también más transparente, permitiendo que los ciudadanos podamos conocer cuál es exactamente la pensión que podremos esperar en función de nuestra contribución.

La reforma de Seguridad Social puede afrontarse con medidas que aumenten la contributividad, tales como:

• Base reguladora de la pensión. El criterio de proporcionalidad requiere que la pensión se calcule en función de toda la vida contributiva del trabajador. Para que exista equidad debe existir una conexión de la pensión con todas las cotizaciones efectuadas.
• Prolongación de la vida activa. Esto tendría su razón de ser por el retraso en llegar al mercado de trabajo, que origina una disminución del periodo de cotización y en el aumento de la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Aunque este aspecto no es tan relevante con el de evitar el descenso de la tasa de actividad de las personas mayores de 55 años (tasa de actividad de personas de 25 a 54 años para el cuarto trimestre de 2008 es del 84,44% mientras que para mayores de 55 años es del 21,15%, según el INE)
• Jubilaciones anticipadas. Este sistema se creó en la época de la reconversión industrial para disminuir plantillas de empresas con beneficios, no parece que en la situación actual este sistemas sea muy adecuado.

O bien por la que me puedo inclinar más es optar por por un sistema de pensiones en el que uno de los pilares sea la capitalización, que otorga a la persona una visibilidad de lo que tiene que hacer para garantizarse una pensión digna. Es necesario concienciar a la población más joven, para que las aportaciones sean más tempranas, muy cercanas al inicio de su vida laboral. Por otro lado para que el sistema de capitalización se mantuviera en equilibrio, no se introducirían en él criterios de solidaridad, los cuales irían a cargo de los Presupuestos Generales y no del sistema de la Seg. Social.

De cualquier forma hay que tomar medidad para:

• Fomentar el ahorro a largo plazo con medidas tales como las fiscales: recuperación de los incentivos retirados a fondos y planes (como la rebaja del 40% en la tributación de las prestaciones rescatadas en forma de capital); elevar nuevamente los límites máximos de aportación a planes con exención fiscal; desligar de las prestaciones de los planes aquella parte que se corresponda con la rentabilidad obtenida para que deje de tributar al tipo marginal del IRPF y lo haga al tipo fijo del ahorro (18%).
• Fomentar los sistemas de previsión empresarial incentivando a las empresas.
• Educación: se debe transmitir al ciudadano la cultura del ahorro y la previsión.

En el Pacto de 1995 todos los partidos políticos representados en el Parlamento y los agentes sociales acordaron excluir del debate político las pensiones y evitar el electoralismo, ¿seremos capaces de hacer lo mismo y sacar adelante un nuevo Pacto?