El Estado discriminador

Llevo un tiempo planteándome adquirir una vivienda y entre las cosas que he mirado se encuentran las ayudas que tanto la Comunidad Autónoma como el Estado ponen a disposición de parte de los ciudadanos. Digo “parte” porque este tipo de ayudas van dirigidas a unos colectivos que el Gobierno considera como más “protegibles” que otras. Los parámetros que se manejan para decidir si puedes ser obsequiado con una de estas ayudas se resumen básicamente en criterios de edad y de renta. Esto mismo se aplica a otro tipo de ayudas que el Gobierno ha aprobado recientemente, por ejemplo, se ha autorizado un gasto de 12 millones de euros para subvencionar los contratos indefinidos, de relevo y formativos para personas menores de 30 años; o como el incremento en un 50%, es decir, hasta los 7,2 millones de euros de los incentivos destinados a la contratación de colectivos más “desfavorecidos” como parados mayores de 45 años, parados de larga duración, titulares de familias monoparentales y personas en riesgo de exclusión social. Es decir, si tienes entre 30 y 45 años da igual cual sea tu situación personal que no podrás tener acceso a ninguna de estas ayudas que he mencionado, y además de superar tus propias limitaciones deberás competir con el apoyo que el estado ofrece a otros colectivos que no son el tuyo.

Me estoy acordando ahora del caso de una chica con la que coincidí en mi anterior empleo. Se trata de una chica que trabajaba como recepcionista-secretaria de la empresa. Laboralmente ella tenía claro sus aspiraciones que se resumían en salir a las tres de la tarde, planteamiento completamente respetable, pero evidentemente el sueldo que ella percibía iba en relación con el trabajo que desempeñaba. Por diversas circunstancias que no voy a comentar, esta chica tuvo la oportunidad de promocionar profesionalmente pero no lo vio con buenos ojos porque no se ajustaba a su criterio fundamental. Comento esto por ella tuvo la suerte de ser obsequiada (me alegro por ella) con un piso de tres habitaciones, de nueva construcción en una urbanización cerrada y bien situada, es decir un piso para el que una persona que trabajase de sol a sol pero que tuviera un nivel de renta no muy superior pero sí suficientemente elevado como para no poder acceder a esta ayuda, nunca podría llegar a comprarse por sus propios medios.

Hace unos meses oíamos que a determinados parados que tuvieran hipoteca se les aplazaría la mitad de la cuota durante dos años, es decir, si alguien decidió en su día adquirir una vivienda en lugar de alquilarla, en este supuesto el Estado le ayudaría a conseguir ser propietario y que no le embargasen echándole de su vivienda, mientras que otro ciudadano que eligió libremente alquilar su vivienda y que pueda estar en las mismas circunstancias desgraciadas del otro, nadie le ayudará a pagar su alquiler. Incluso puede que el ciudadano que se decidió en su día por el alquiler tomara esta decisión por motivos de prudencia y responsabilidad pero como no entra en el segmento de “ayudables” que alguien marcó en base a unos criterios subjetivos no recibirá ninguna ayuda. Lástima que el alquilado no lo hubiera sabido antes.

Estos son sólo unos pocos ejemplos de una tendencia discriminadora que se acuña como una forma positiva de influir en la sociedad sin reparar en el daño que se causa a todos aquellos que quedan excluidos de estos beneficios. No se trata de una fiebre pasajera que afecta a un partido o un Gobierno, lo malo es que esta tendencia a establecer discriminaciones se observa en todas las administraciones que pretenden reparar un daño pero desde una perspectiva subjetiva. No digo que no deban existir ayudas por parte del Estado únicamente considero que estas deben ser más equitativas, y que debería existir un mecanismo eficaz de evitar el fraude.